Tal como difundimos recientemente, la situación del territorio de la antigua colonia del Sahara español es debido a la no culminación, por parte de la potencia colonial, el Estado español, de un proceso de colonización demandado insistentemente por las Naciones Unidas, a través de diversas resoluciones, en base a la 1514 sobre el derecho de descolonización y refrendado por el reporte de la visita de una delegación de Naciones Unidas al territorio y por la sentencia del Tribunal Internacional de La Haya.

Tras los acuerdos ilegales de Madrid, el territorio fue abandonado por el ejército español y ocupado por el invasor marroquí, iniciándose un conflicto de más de 40 años, sin que las resoluciones favorables a la autodeterminación de las Naciones Unidas hayan servido para nada.

Hoy los y las saharauis, han soportado en sus espaldas, 45 años de exilio y 45 años de ocupación con una represión feroz, con desparecidos, bombardeos a la población civil y penas abusivas sin ningún tipo de garantías jurídicas.

Los primeros 16 años de este largo periodo, bajo las duras condiciones de un conflicto armado, impuesto por una monarquía de un estado con todos sus presupuestos y con relaciones Internacionales normalizadas y un ejército equipado por Occidente para servir de contrapeso al ejército argelino, equipado entonces por la Unión Soviética, contra un pequeño pueblo nómada que disponía sólo de armamento ligero y de una guerrilla.

En este periodo, Brahim Gali, era el responsable militar de lo que sería, por obra de su acción, el ejército saharaui, que derrotó sobre los campos del territorio al pujante ejército marroquí, obligándolo a la construcción de un muro militar defensivo que, aún hoy, divide la antigua colonia del Sáhara.

Más tarde, Brahim Gali ocuparía puestos de responsabilidad diplomática, al frente primero de la delegación saharaui en el estado español, y como embajador en Argelia después.

De estos años, muchos de los integrantes del movimiento solidario lo conocemos como una persona seria, trabajadora para con su pueblo y muy austera. 

Con la muerte del presidente Mohamed Abdelaziz, se abre el capítulo de sucesión en la república saharaui, con la elección de Brahim Gali como nuevo presidente.

Recordemos aquí, que la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) está reconocida por más de 80 países a lo largo y ancho del mundo, y que es miembro fundador de la Unión Africana, cuya carta fundacional certifica las fronteras heredadas de la colonización como fronteras válidas e inviolables por sus países miembros.

Por cierto, Marruecos, ingresó después en la Unión Africana aceptando esta carta fundacional y por tanto, de forma implícita la existencia de la República Saharaui, habiendo compartido numerosos foros africanos desde aquella fecha, sin conseguir, el reino de Marruecos, ni modificaciones a la carta ni expulsiones de los saharauis en misiones Internacionales, simposios y reuniones.

Y también hemos de recordar el tiempo de estancia de Brahim Gali en el estado español como delegado saharaui. Nada menos que del 1999 al 2008, cerca de 9 años, a lo largo de los cuales estuvo viviendo con plena normalidad en Madrid, sin percance de ningún tipo, y menos judicial.

Con su elección a la presidencia saharaui y, ahora, especialmente, con la rotura del alto el fuego por parte de Marruecos y la vuelta a la lucha armada, han ido apareciendo demandas, cuyo contenido no tendrá, seguramente, ningún recorrido jurídico, excepto la que está abierta en la Audiencia Nacional contra diversos miembros de la dirección saharaui en años anteriores a su estancia como delegado en el Estado español.

Esta querella, tampoco parece tener ningún recorrido por una sencilla razón: el Instructor podría haber, primero investigado la realidad del genocidio objeto de la querella y tras ello, en caso de ser confirmada tal realidad, acordar el interrogatorio de los querellados. Pero ha obrado, al contrario.

Pablo Ruz, juez de la Audiencia Nacional, procesó en 2015 a once dirigentes marroquíes involucrados en la muerte de ciudadanos saharauis en 1976 por un delito de genocidio en concurso con detención ilegal, torturas, asesinato y desaparición forzada. Puso a siete de ellos en situación de busca y captura. Militares y policías que han sido vistos repetidamente en los juicios sumarísimos y sin garantías que se incoan constantemente contra activistas de los derechos humanos saharauis.

Indicaba como “hecho fundamental” el descubrimiento en Amgala de una fosa común donde aparecieron 8 cadáveres que “han sido plenamente identificados por el ADN”; así como los testimonios de varios testigos que “incriminan” a los procesados.

Con su llegada a España como enfermo, y por razones humanitarias, se ha desatado una nueva campaña con difamaciones, informaciones parciales y falsedades, orquestada por sectores que, en muchos casos, provienen de la disidencia saharaui aliada, sino auspiciada y financiada por el reino de Marruecos.

Estamos seguros de que pronto se despejara cualquier duda sobre el comportamiento de Brahim Gali y las autoridades saharauis que, recordemos, lideran un pueblo que, pese a tener razón y la normativa internacional de su lado; pese a la ocupación, la represión y la desaparición de activistas en su territorio por la acción del ocupante ilegal marroquí; y, pese a aguantar más de 45 años de exilio en las difíciles condiciones de los campos de refugiados en medio del desierto; NUNCA HA UTILIZADO EL TERRORISMO COMO ARMA DE LUCHA.

Esperemos la pronta recuperación de Brahim Gali y que se pueda reincorporar a sus tareas como presidente saharaui, en los difíciles momentos de la vuelta a las armas del conflicto.

Y esperamos que la comunidad internacional y la opinión pública española no ignoren más sus responsabilidades con respecto a una situación insostenible, obligando a un pueblo como el saharaui, por el simple hecho de vivir en un territorio que se convertiría en colonia española, a que su justa causa, su derecho reconocido a la autodeterminación y la independencia, en vez de ejercerse con plena normalidad y escuchando su voluntad, sea una y otra vez olvidada y cause tantos años de represión, ocupación y exilio, son que los responsables sean llevados ante ningún tribunal.