Argumentario sobre el cambio de postura del Gobierno de España con respecto al Sáhara Occidental

Antecedentes

El pasado 18 de marzo nos enteramos por medios marroquíes de que el presidente del Gobierno de España, envió una carta a Mohamed VI donde le indicaba que “España considera la propuesta marroquí de autonomía presentada en 2007 como la base más seria, creíble y realista para la resolución de este diferendo”.

Días después, y antes de su viaje a Marruecos, el presidente constataba que el Congreso de los diputados, a excepción de su partido, el PSOE, secundaba una propuesta contraria al giro del Gobierno con respecto al Sáhara. Así pues, el viaje se produjo sin ningún apoyo del Congreso, ni siquiera de sus socios de gobierno. Semanas más tarde se reproducía el mismo rechazo en el Senado.

El presidente del Gobierno y Mohamed VI el 7 de abril en Rabat hacían una declaración conjunta en la que entre otros puntos se recogía:

“España reconoce la importancia de la cuestión del Sáhara Occidental para Marruecos,así como los esfuerzos serios y creíbles de Marruecos en el marco de las Naciones Unidas para encontrar una solución mutuamente aceptable. En este sentido, España considera la iniciativa de autonomía marroquí, presentada en 2007, como la base más seria, realista y creíble para resolver este diferendo”.

El PSOE ante la presión ejercida por el movimiento solidario y la sociedad civil ante esta segunda traición al pueblo saharaui, elaboró un “argumentario” que creemos conveniente desmontar desde CEAS-Sáhara.

Esperamos que este argumentario sirva para conseguir que el Gobierno y el PSOE en particular, vuelvan a la senda de la defensa de la legalidad internacional, y asuma su responsabilidad como potencia administradora “de iure” del territorio.

Argumentario del PSOE

Importancia de las relaciones de España con Marruecos

El movimiento solidario español comprende y entiende que España debe tener unas buenas relaciones con nuestro vecino del sur, al igual que con el resto de los países vecinos. En el caso de Marruecos, lo que le pedimos a España es que estas buenas relaciones no se hagan a costa del derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui.

El PSOE reconoce que las relaciones con Marruecos son “fundamentales para la integridad territorial incluyendo Ceuta y Melilla y la soberanía de España”. Lo que no sabíamos es que la integridad territorial española y su soberanía estaban en peligro. Lo que sí sabemos, es que Marruecos reivindica Ceuta y Melilla y abre la frontera a su antojo, provocando que incluso la Unión Europea adoptara una “Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de junio de 2021, sobre la violación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y el uso de menores por las autoridades marroquíes en la crisis migratoria de Ceuta (2021/2747(RSP))”.

Insiste el PSOE en su argumentario tras mencionar la importancia de las empresas españolas que operan en Marruecos y que “más de 800.000 marroquíes viven en España”, que lleva meses trabajando con un objetivo: “que la defensa de la ciudadanía española, de los intereses de España, en especial, nuestra seguridad, nuestra soberanía, nuestra prosperidad y nuestra integridad territorial, incluyendo Ceuta y Melilla”.

El argumentario es alarmante ya que si no se hubiera producido el cambio de postura o venta del Sáhara a Marruecos ¿la integridad territorial de España, nuestra seguridad, nuestra prosperidad, y Ceuta y Melilla se encontrarían en peligro? ¿Qué clase de peligro?.

Cita el PSOE que “No ha habido un cambio de posición en relación con el Sáhara”

En la Resolución 2602 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se cita efectivamente que:

“Tomando nota de la propuesta marroquí presentada al Secretario General el 11 de abril de 2007 y acogiendo con beneplácito los esfuerzos serios y creíbles de Marruecos por hacer avanzar el proceso hacia una solución, y tomando nota también de la propuesta presentada al Secretario General por el Frente POLISARIO el 10 de abril de 2007”.

Resolución, que también cita hasta en dos ocasiones la “libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental”.

“Reafirmando su compromiso de ayudar a las partes a alcanzar una solución política justa, duradera y aceptable para todas ellas, basada en la avenencia, que prevea la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental en el marco de disposiciones conformes a los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas, y haciendo notar la función y las responsabilidades de las partes a este respecto”.

En el programa electoral del PSOE del año 2019, doce años después de que Marruecos presentara su Plan de Autonomía, se recogía en materia del Sáhara Occidental que:

“Promoveremos la solución del conflicto del Sáhara Occidental a través del cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas, que garantizan el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. Para ello, trabajaremos para alcanzar una solución del conflicto que sea justa, definitiva, mutuamente aceptable y respetuosa con el principio de autodeterminación del pueblo saharaui, así como para fomentar la supervisión de los derechos humanos en la región, favoreciendo el diálogo entre Marruecos y el Frente Polisario, con la participación de Mauritania y Argelia, socios claves de España, que el enviado de la ONU para el Sahara Occidental está propiciando”.

Y en 2016 decía: 

“Promover la solución del conflicto del Sáhara Occidental a través del cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas que garantizan el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui”.

Por más que hemos buscado, no hemos encontrado ningún programa electoral que indicara que la solución de la integración en Marruecos, sería eje fundamental de su política exterior.

El compromiso del Gobierno con la población saharaui

Instrumentalizar la cooperación para servir a intereses políticos y/o económicos es de una bajeza moral y política intolerable.

La cooperación internacional se concibe como una forma de paliar las desigualdades generadas por el colonialismo y asentadas por una práctica económica internacional de dominación de los países enriquecidos hacia los empobrecidos. Sin embargo, la cooperación oficial española con la población refugiada saharaui ha sido siempre un instrumento de la acción exterior utilizado para “calmar conciencias” y  nunca ha ido acompañado de una estrategia política dirigida al objetivo último de la descolonización. (Eucoco, 2019). Como otros países occidentales España debería destinar, al menos, el 0,7%  del PIB según el acuerdo alcanzado ya en mayo 1972 y ratificado en Río 1992. España se sitúa a la cola de Occidente en cooperación internacional con el  0,28% de la RNB en 2022. 

En el caso de España, la persistencia de un territorio pendiente de descolonizar (Sahara Occidental) bajo su responsabilidad obliga no solo a una política de cooperación encaminada a corregir las desigualdades, sino a mantener y mejorar las condiciones de vida de la población autóctona. Según el art. 73 de la Carta de Naciones Unidas, España tiene “como un encargo sagrado la obligación de promover en todo lo posible, dentro del sistema de paz y de seguridad internacionales establecido por esta Carta, el bienestar de los habitantes de esos territorios” y además: 

  • a asegurar, con el debido respeto a la cultura de los pueblos respectivos, su adelanto político, económico, social y educativo, el justo tratamiento de dichos pueblos y su protección contra todo abuso; 
  • a desarrollar el gobierno propio, a tener debidamente en cuenta las aspiraciones políticas de los pueblos, y a ayudarlos en el desenvolvimiento progresivo de sus libres instituciones políticas, de acuerdo con las circunstancias especiales de cada territorio, de sus pueblos y de sus distintos grados de adelanto;
  • a promover la paz y la seguridad internacionales;
  • a promover medidas constructivas de desarrollo, estimular la investigación, y cooperar unos con otros y, cuando y donde fuere del caso, con organismos internacionales especializados, para conseguir la realización práctica de los propósitos de carácter social, económico y científico expresados en este Artículo

Para ello sería necesario reconocer la naturaleza política del exilio saharaui: forzado por el abandono de la administración española y la invasión militar marroquí que la acompañó así como atender a las necesidades reales de la población refugiada.

Solo en relación con la seguridad alimentaria, los último datos de la encuesta  de seguridad alimentaria (PAM-ACNUR 2019) afirman que el 94% de los hogares dependen de la ayuda exterior; sólo el 12% tiene acceso a una alimentación regular, el 58% está en situación vulnerable y el 30% está en situación real de inseguridad alimentaria. Un 7,2% está en situación de desnutrición global aguda el 28% de la población infantil sufre retraso en el crecimiento mientras la anemia en menores alcanza al 50% y al 52% en mujeres en edad gestacional. La pandemia de COVID 19 hace prever que los datos hayan empeorado notablemente.

Respecto al conjunto de la ayuda, la AECID se atiene a los índices de ACNUR y el PAM. Se reconoce una población superior a 173.000 personas (sin contar desplazados de los territorios liberados ni hombres movilizados en el ELPS) pero solo compromete su ayuda a 90.000, en el caso de ACNUR o a 133.000 en el del PAM. A pesar de ello,  ninguno de estos organismos ha logrado jamás alcanzar este escaso objetivo.

Por todo ello, las cifras del argumentario rozan el insulto. La escasa información pública de la AECID no permite confirmar las cantidades citadas. Estas incluyen las contribuciones obligatorias a los organismos internacionales que es de carácter obligatorio y significa el 74% del total de la ayuda multilateral española (se dirige principalmente a la UE, Fondo Europeo de Desarrollo y Banco Mundial…). 

La ayuda destinada (2020) a la atención de refugiados y refugiadas saharauis en españa es insignificante si se compara con la destinada a Venezuela y Colombia (43,1% de la partida) y muy lejos de la destinada a El Salvador, Georgia, Honduras, Marruecos, Ucrania (antes de la guerra), Mali o Perú, por ejemplo. 

La población saharaui no sólo está en los campamentos de Tinduf. La administración española se niega a atender las peticiones internacionales de auxilio y defensa de los y las activistas saharauis detenidos, torturados, encarcelados o desaparecidos en los territorios ocupados,  deniega de forma sistemática la nacionalidad y la protección internacional de saharauis que llegan a territorio español,  deniega y dificulta el visado a activistas saharauis (caso Mahfuda 2021-22) o entrega( también en caliente – caso Brahim 2019) a activistas saharauis huidos de Marruecos (caso Faisal 2021).

Esta es la realidad del compromiso del Gobierno del PSOE y Unidas Podemos con la población saharaui.

Relaciones con Argelia

Cita el argumentario del PSOE y es cierto, que “Argelia es un socio estratégico para España y para la Unión Europea y siempre ha sido un suministrador de gas muy fiable”.

Tras la mentira del ministro de Asuntos Exteriores de la noche del 18 de marzo, cuando afirmó que se había informado a Argelia de la decisión del cambio de postura de España, este país, llamó a consultas a su embajador dos días después. Efectivamente, Argelia es un socio fiable en lo económico, y el cambio de postura del Gobierno ha hecho que en plena crisis gasística mundial, Argelia cambie de socios preferentes optando por Italia en vez de como señalan los analistas debería de haber sido con España.

¿Que significa el cambio de postura del Gobierno de España en el plano nacional?

Carlos Ruiz Miguel, Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago de Compostela y director del CESO (Centro de Estudios sobre el Sahara Occidental), en una entrevista al portal economistjurist.es da algunas claves del cambio de postura del presidente Sánchez.

Afirma en una entrevista que:

Todo lo contrario a lo que ha fijado y ordenado la ONU, España ha cambiado su postura que, si bien, «no cambia nada desde un punto de vista del Derecho Internacional», sí lo hace «desde el punto de vista del Derecho Constitucional», ya que «es un acto muy grave» el que han cometido el presidente español y el ministro de Exteriores, José Manuel Albares.

«Esta acción de Sánchez es inconstitucional», puesto que infringe lo estipulado en el artículo 97 de la Constitución Española, que otorga la dirección de la política exterior al gobierno de la nación, y no al presidente y al ministro de Asuntos Exteriores en exclusiva. «Esto es extraordinariamente grave».

Carlos Ruiz Miguel considera que la posición de Marruecos sobre el Sahara Occidental es «incompatible» con el Derecho Internacional ya que un territorio colonial «es libre de elegir su estatus, de ser un Estado independiente o de integrarse en otro Estado».

Toda la entrevista se recoge en el portal economistjurist.es y en Youtube  

¿Que significa el cambio de postura del Gobierno de España en el plano internacional?

Juan Soroeta Liceras es Profesor Titular de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la UPV/EHU responde a preguntas de CEAS-Sáhara 

¿La decisión del Gobierno de España de la autonomía dentro de Marruecos afecta en algo a la resolución del conflicto o es una declaración de intenciones?

No afecta a la resolución del conflicto, porque España no tiene la capacidad de dar efectividad a esa declaración. No va a firmar ningún acuerdo con Marruecos que sea aplicable al Sáhara Occidental, porque estaría incurriendo en responsabilidad internacional, y podría ser llevada ante la corte internacional de justicia sí, por ejemplo, concluyera un acuerdo para delimitar las aguas jurisdiccionales de Sáhara Occidental  con Marruecos. No tiene la capacidad de convertir en legal una decisión que no lo es, al igual que ocurrió con la declaración de Trump.

¿Es cierto como afirma el presidente que nuestra política es igual a la de Francia o Alemania?

No es la misma porque España es la potencia administradora del Sáhara Occidental. Además, Francia y Alemania no han llegado tan lejos.

¿Esta decisión incapacita a España al ponerse de parte para participar y propiciar en un escenario futuro de diálogo entre Marruecos y el Frente Polisario?

España ha apoyado siempre de forma tácita la ocupación del territorio. Nuestros gobiernos nunca han sido neutrales ni han mediado entre las partes. Se han limitado a ceder al chantaje marroquí (Ceuta, Melilla, inmigración organizada desde y por Marruecos…) Por si fuera poco, ha intervenido en los juicios ante el TJUE frente al pueblo saharaui y al Frente POLISARIO. Hace años que se ha deslegitimado como posible mediador 

España obvia al Frente Polisario

La propuesta de autonomía para el Sáhara Occidental presentada por Marruecos a Naciones Unidas en abril de 2007, se hizo como una alternativa al bloqueo marroquí del “Plan Baker”.

Pero no era la primera vez que Marruecos hablaba de autonomía para el Sáhara, ya lo había hecho con anterioridad en varias ocasiones. La primera vez fue en 1985 en plena guerra; después en 1999 una vez finalizado por la ONU el censo electoral previsto en el Plan de Paz para votar en el referéndum de autodeterminación, Marruecos, decidió romper con dicho plan y proponer una tercera vía que no fue otra cosa que una autonomía para el territorio, y en 2003, que presentó una propuesta “formal” que James Baker, Enviado Personal del Secretario General de Naciones Unidas, consideró insuficiente.

El plan de autonomía de 2007, aunque contempla la celebración de un referéndum, es contrario a la legalidad y al Derecho Internacional, ya que excluye tres elementos claves: la autodeterminación e independencia del Sáhara Occidental y, no tiene en cuenta a una de las partes en el conflicto, el Frente Polisario.

Todas las resoluciones sobre el Sáhara no solo descartan cualquier solución que no pase por la autodeterminación, sino que reconocen al Frente Polisario como el único representante legítimo del pueblo saharaui. Cuestión, la del Frente Polisario, que España obvia al posicionarse a favor del plan de autonomía de Marruecos, excluyendo así, a una de las partes y dando la espalda al Plan de Arreglo firmado en 1991 por el Polisario y Marruecos bajo los auspicios de las Naciones Unidas y la Organización de la Unión Africana (OUA).

El estatus del Frente Polisario como único y legítimo representante del pueblo saharaui está reconocido por la ONU a través de la Resoluciones: 33/31 de 1978 ; 34/37 de 1979  35/19 de 1980 .

Además, en junio de 2017, la Asamblea General de Naciones Unidas presentó un  proyecto de resolución en el que se recoge literalmente: “Recordando también la solicitud del representante del Frente Popular para la Liberación de Saguia el-Hamra y de Río de Oro en su calidad de representante del Sahara Occidental para llevar a cabo una misión visitadora del Comité Especial al territorio” .

El Frente Polisario está también reconocido por la Unión Europea a través de la sentencia del TJUE de 21 de diciembre de 2016, punto 105 y el comunicado de prensa del TGUE nº 166/21 del 29 de septiembre de 2021 .

Así como por la Unión Africana, que desde 1984 tanto la RASD como su Gobierno del Frente Polisario, son reconocidos como miembros de pleno derecho de esta organización.

Documentos para ampliar la información:

  • EL SAHARA OCCIDENTAL: PRONTUARIO JURIDICO. 15 ENUNCIADOS BASICOS SOBRE EL CONFLICTO de CARLOS RUIZ MIGUEL (Autor), MOISES PONCE DE LEON IGLESIAS (Autor), YOLANDA BLANCO SOUTO (Autor)
  • Sahara Occidental. Marco Jurídico. Documento elaborado por la IAJWS
  • ¿Sabías que…? Apartado de la web “Una mirada al Sáhara Occidental”