Dos Observadores, Ana Sebastián y Pablo Jimenez, fueron expulsados ayer del Sahara Occidental por la policía marroquí que les obligó a regresar a la ciudad de Casablanca.

Ambos intentaban participar en el juicio contra el activista saharaui El Fak Khalihenna, siguiendo la práctica habitual que mantienen los abogados miembros del Observatorio Aragonés para el Sahara Occidental.

Una vez que aterrizaron, se les impidió bajar del avión y fueron interpelados por varios policías, disfrazados de Autoridades locales, para impedir que los Juristas bajasen del avión y pudiesen ejercer como juristas en el juicio.

Como es sabido, y así ha sido denunciado por diferentes organizaciones internacionales, Marruecos no quiere testigos en los juicios sumarios que con frecuencia realiza contra los activistas defensores de los Derechos Humanos que piden pacíficamente libertad y el cese de la represión contra su pueblo que continua bajo la ocupación militar y sometido a una extrema violencia, principalmente dirigida contra las y los activistas que defienden el Derecho de Autodeterminación reconocido por las Naciones Unidas.

Según diferentes informes, la policía expulsó del Sahara Occidental a 140 personas, en los dos últimos años: abogados, periodistas, concejales o pertenecientes a diferentes ONG defensoras de los DDHH.

¿Por qué no se habla de esta situación en los informativos, en los medios de comunicación de España y del mundo? ¿A qué se debe el silencio informativo impuesto sobre un conflicto sobre el que España mantiene su responsabilidad como Potencia Administradora de iure?

Es una vergüenza que el Gobierno español no se haya preocupado por la suerte y el padecimiento de estos dos abogados, estando nuestro país a 90 millas del Sahara Occidental, y siendo responsable de esta injusta situación por no haber cumplido con un su responsabilidad y no haber concluido un proceso de descolonización todavía hoy pendiente, en la última colonia del continente africano.

CEAS-Sahara