Coordinadora estatal de Asociaciones Solidarias con el Sahara

por la autodeterminación e independencia del pueblo saharaui

Los prisioneros saharauis en las cárceles de la ocupación continúan la huelga hambre.

En la prisión de Kenitra, Abdalahi Lekhfuani, Bachir Boutanguiza, Abdalahi Abahah, Mohamed Burial, llevan 24 días en huelga de hambre, por tiempo ilimitado. Según sus familiares el deterioro de su salud es grave. Las administración de la cárcel, incita a presos marroquíes contra los presos saharauis para aterrorizarlos y amenazarlos con el fin de que paren la huelga de hambre. Los prisioneros exigen un nuevo juicio y el traslado al Sáhara Occidental de conformidad con las normas del derecho internacional humanitario; para aliviar el sufrimiento de sus familias, que se ven obligadas a recorrer grandes distancia, para poder llegar a verlos.
En la prisión de Tata, al sureste del Reinos de Marruecos, el periodista saharaui prisionero Salah Lebsir, continúa su huelga de hambre, llevando ya 21 día. Sus reivindicaciones son las mismas que del grupo de Gdeim Izik , pero la administración de la prisión todavía ensordece sus demandas y no hace nada por el deterioro de su estado de salud. Según el comunicado que dio la familia de Lebsir a Equipe Media. Cabe destacar que las fuerzas de ocupación detuvieron al periodista Salah Lebsir justo tras su vuelta, el 6 de junio 2015 de los campamentos refugiados saharauis. Fue condenado a 4 años de cárcel con acusaciones preparadas contra los activistas detenidos.

El Comité Nacional Saharaui para los Derechos Humanos hizo un llamamiento urgente a las Naciones Unidas, la Unión Africana, la Unión Europea, organizaciones internacionales de derechos humanos, partidos políticos, parlamentos para presionar al Reino de Marruecos por el respeto de las convenciones internacionales sobre el trato con los presos políticos en virtud de los Convenios de Ginebra, para salvar la vida de los presos políticos saharauis.

Nota. Equipe Media utiliza el término «prisioneros» en lugar de «presos», de acuerdo con las recomendaciones de varias organizaciones internacionales. En particular el Movimiento Cristiano contra la Tortura (ACAT), que consideró que la ley aplicada en el Sáhara Occidental es el derecho internacional humanitario.

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