Durante el presente mes de abril está previsto el debate en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la continuidad de la MINURSO (Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sahara Occidental), sus competencias y sus funciones en el conflicto.
Desde CEAS-Sáhara entendemos que es una buena ocasión para reclamar al Gobierno que acepte su responsabilidad ante una descolonización inacabada por parte del Estado español, en su condición de miembro del “Grupo de Amigos del Secretario General de Naciones Unidas para el Sahara Occidental” (Francia, Rusia, España, Reino Unido y los Estados Unidos).
Es también una buena ocasión para defender que esta Misión tenga competencias en la observación y en la defensa de los Derechos Humanos en los territorios ocupados del Sahara Occidental. Actualmente, la MINURSO sigue sin tener ninguna competencia en este ámbito y asiste de forma impasible a las violaciones flagrantes de los más elementales derechos. Violaciones que han sido documentadas por numerosas entidades internacionales, por organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch y por delegaciones del Parlamento Europeo y del Departamento de Estado de EEUU.
El Gobierno tiene una nueva oportunidad para defender de forma activa la aplicación de las distintas Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, con una acción exterior coordinada, que permita una solución justa y duradera al conflicto no resuelto del Sahara Occidental, mediante la celebración de un referéndum que asegure la expresión libre y auténtica de la voluntad del pueblo saharaui.
El Gobierno dice que « otorga a la protección de los derechos humanos en cualquier parte del mundo, en particular, en el ámbito del Sahara Occidental, una enorme importancia «. Además, según el Director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, Jorge Moragas, se ha defendido tradicionalmente “ la necesidad de introducir un mecanismo de protección de los derechos humanos en el mandato de la MINURSO «.
Es el momento de exigir a la Comunidad Internacional y, especialmente a los miembros del Consejo de Seguridad, que se cumplan las resoluciones aprobadas. En especial, la Resolución 34/37 (1979), en la que se condenaba explícitamente “la extensión de la ocupación militar marroquí del Sahara Occidental” y se reconocía que “el Frente POLISARIO es el representante del pueblo del Sáhara Occidental”; y la Resoluciones 658 (1990) y 680 (1991), por las que se ratificaba por unanimidad el Plan de Paz, aceptado por Marruecos y el Frente Polisario, y se creaba la MINURSO. Una MINURSO, que nacía con el explícito mandato de garantizar un alto el fuego para preparar y realizar un Referéndum de autodeterminación en el que los y las saharauis puedan decidir libremente entre la independencia o la integración en la potencia ocupante.
Es necesario también que se respete y se cumpla la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de diciembre de 2016, donde se establece que los Acuerdos de Asociación y Liberalización entre Marruecos y cualquier otro país, no se pueden aplicar al territorio del Sahara Occidental, en referencia a la explotación de los recursos naturales del Sahara Occidental.
Nadie desea el retorno al conflicto armado y creemos que todavía hay margen para que la ONU intensifique los esfuerzos para ahorrar a la región una confrontación que tendría gravísimas consecuencias para nuestro país. En este contexto, la ONU tiene que determinar ya una fecha para la aplicación del Plan de Arreglo aprobado en su día, con una fecha para la celebración del referéndum que las dos partes, el Frente Polisario y Marruecos, aceptaron.
Son momentos muy difíciles para un pueblo que lleva luchando más de 40 años y que observa que, algo tan sencillo como hacer cumplir el derecho internacional, choca contra el muro de la intransigencia marroquí, con impunidad ante cualquier exigencia del cumplimiento de la legalidad para seguir ocupando un territorio que no le pertenece.
Atentamente,
José Taboada Valdés
Presidente de CEAS-Sahara