El viaje oficial del Ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, a Marruecos es una buena ocasión para trasladarle algunas exigencias.
La ciudadanía del Estado español le reclama que exija al Rey de Marruecos que frene la brutal represión contra la población saharaui que habita en los Territorios Ocupados por Marruecos del Sáhara Occidental.
También le pedimos que reclame al Rey de Marruecos que se adhiera y cumpla sus compromisos con la Comunidad Internacional para descolonizar la ex-provincia española, que respete el derecho de autodeterminación de los pueblos reconocidos por la ONU como dueños de su Territorio No Autónomo. Es la única manera de hacer sostenible nuestras maltrechas e incómodas relaciones de vecindad, frente al chantaje continuo al que el Gobierno español se ve sometido por parte de su homólogo marroquí. Los derechos humanos y la legalidad internacional no son moneda de cambio.
Muchas personas saharauis tienen o han tenido D.N.I. español como nosotras y nosotros. Con ellas tenemos una deuda y una responsabilidad pendiente tras nuestro abandono. El Estado español sigue siendo la potencia administradora del proceso de descolonización del Sáhara Occidental. Debemos actuar ante esta lacra que nos deja en evidencia ante el conjunto de la humanidad y la historia.
Como primer paso hacia la consecución de los derechos de la población saharaui, exigimos paralizar las exportaciones de cualquier recurso natural proveniente del Sahara Occidental, respetando la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo que diferencia claramente el territorio de Marruecos con el del Sahara Occidental, que no es de soberanía marroquí, nunca lo ha sido y nunca lo será. Cualquier transacción comercial de recursos procedentes del Sáhara Occidental es ilegal según la normativa europea y los tratados internacionales suscritos por España.
Desde CEAS-Sahara entendemos que el Gobierno, y el recién nombrado Ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, deben asumir una nueva política exterior en relación al Sahara Occidental que incluya el respeto de los Derechos Humanos y la legalidad internacional por encima de otros intereses y presiones que nunca debieron socavar la responsabilidad del Estado español y su obligación de poner fin al último proceso de descolonización pendiente en el continente africano. El prestigio internacional del Estado español está en juego, pues el mantenimiento de posturas vergonzantes siempre afecta a toda la sociedad.
Este viaje es una buena ocasión para defender la legalidad internacional, el respeto a las Resoluciones de la Naciones Unidas y de la Unión Africana sobre la necesidad de celebrar un referéndum en el que el Pueblo Saharaui decida libremente su futuro.