Esta fue la moción aprobada 19 de enero por unanimidad por el pleno del ayuntamiento de Aibar-Oibar.

Los grupos políticos que suscriben esta moción, AGEIZIA y NPA, al amparo de la legislación vigente, presentan la siguiente PROPUESTA al objeto de su debate y aprobación, si procede, por el Pleno de el Ayuntamiento de Aibar-Oibar.

El Tribunal de Apelación de Salé (Marruecos) ha dictado severísimas e injustas condenas contra 21 de los 24 presos políticos juzgados por su participación en el campamento de la dignidad de Gdeim Izik en 2010, imponiendo penas que incluyen, en algunos casos, la cadena perpetua: ocho de los acusados han sido condenados a cadena perpetua, tres a treinta años de prisión, cinco a veinticinco años y tres más a veinte años. Sólo dos activistas saharauis están en libertad tras haber cumplido más años en prisión de los que el tribunal ha dictado para ellos.

Este juicio, que comenzó en diciembre de 2016, se ha celebrado en un tribunal civil después de que el Tribunal de Casación revocara las penas inicialmente impuestas contra los activistas saharauis por un Tribunal Militar en 2013, ordenando la repetición del juicio, por falta de pruebas.

Las misiones internacionales de observación jurídica presentes en los juicios -entre otras del Consejo General de la Abogacía Española, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, Centro Robert F. Kennedy, etc.- han denunciado numerosas irregularidades y la falta de garantías procesales suficientes para calificar el juicio como justo y transparente.

Estas mismas misiones han calificado al Tribunal de Salé como una corte extra-territorial, sin competencia para juzgar los hechos ya que el Reino de Marruecos no cuenta con jurisdicción sobre el Territorio No Autónomo del Sáhara Occidental.

De igual forma, han reiterado que el Comité de la ONU contra la Tortura concluyó el pasado mes de noviembre de 2016 que Marruecos había vulnerado la Convención contra la Tortura en relación a uno de los condenados, Naâma Asfari, señalando además que el Tribunal no debía volver a basar sus sentencias en confesiones obtenidas mediante torturas o malos tratos. Por estos motivos, y atendiendo a los hechos denunciados, la Audiencia Nacional Española concedió en octubre de 2016 el Estatuto de Refugiado Político a Hassanna Aalia, uno de los activistas juzgado en rebeldía y condenado a cadena perpetua por el Tribunal Militar marroquí.

Por todo ello,

Considerando que el Sahara Occidental es el único Territorio No Autónomo bajo ocupación extranjera sin una Potencia Administradora reconocida internacionalmente.

Recordando que esta ocupación ilegal por parte de Marruecos implica la aplicación del derecho internacional humanitario en virtud del artículo 2º común a los cuatro Convenios de Ginebra.

Recordando que la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sahara Occidental (MINURSO) presente en el territorio carece en su mandato de competencias para monitorear los derechos humanos.

Instamos al Gobierno del Estado Español a:
https://www.aibar-oibar.org/noticias/1674-mocion-ante-las-injustas-e-ilegales-condenas-impuestas-a-los-presos-politicos-saharauis-de-gdeim-izik
CEAS-Sahara CEAS-Sahara
CEAS-Sahara agradece al Ayuntamiento de Aibar-Oibar la moción sobre las injustas condenas a los presos políticos saharauis de Gdeim Izik

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