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Las autoridades españolas y canarias desprecian las decisiones de la Justicia Europea.

Este es ya el décimo cargamento que viene a las islas solo en lo que va de año 2019, y con la continuidad de este tráfico vemos como las autoridades en Canarias incumplen las obligaciones legales que le impone el Tribunal de Justicia de la Unión Europea

El mismo día en que buena parte de la población acudía a votar para elegir a sus representantes en el Parlamento Europeo, entre llamadas a la importancia de fortalecer el proyecto europeo como un espacio donde las libertades y la división de poderes son su fundamento, un nuevo cargamento de arena robada al pueblo saharaui llegaba al puerto de Santa Cruz de Tenerife, ante la inacción de las autoridades a pesar de nuestras reiteradas denuncias.

En efecto, el 26 de mayo llegaba el carguero Deimos, de bandera panameña, con arena cargada en el puerto de El Aaiún, en los territorios del Sahara Occidental ocupados ilegalmente por Marruecos, sin que el legítimo representante del pueblo saharaui haya autorizado este tráfico, tal y como ha reconocido que tiene que ser el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Este es ya el décimo cargamento que viene a las islas solo en lo que va de año 2019, y con la continuidad de este tráfico vemos como las autoridades en Canarias incumplen las obligaciones legales que le impone el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y su propia normativa ambiental, que obliga a los importadores de arena a dar unos tratamientos para garantizar que no van a ser una vía de propagación de especies invasoras en el medio canario. La ausencia de estos tratamientos y el incumplimiento con ello de la Orden de Política Territorial de 2001 ha sido comprobada por el SEPRONA, y lo puede ser por cualquier persona observadora que se traslade, en este caso a la dársena pesquera del puerto de Santa Cruz, donde se realizan los desembarcos de arena habitualmente.

Tenemos el convencimiento de que más temprano que tarde se impondrá el respeto a la legalidad internacional, las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la propia normativa ambiental canaria, pero mientras tanto el pueblo saharaui tiene que ver cómo las autoridades llamadas a que las leyes se cumplan en Canarias amparan un tráfico ilícito que, para poder realizarse, exige que el pueblo saharaui tenga que sobrevivir entre tremendas privaciones en los campos de refugiados o sometido a una brutal represión por el ocupante marroquí en su territorio nacional.

Canarias, 27 de mayo de 2019




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