Esta semana continúa el Juicio-Farsa, tras varios aplazamientos, contra 25 saharauis que fueron detenidos durante el campamento de Gdeim Izik, así como después de su desmantelamiento y masacre por parte de Marruecos el 8 de noviembre de 2010.
Este campamento se levantó a las afueras de El Aaiun ocupado, capital del Sahara Occidental, por más de 20.000 saharauis para reclamar sus derechos sociales, civiles y políticos y tras 2 meses fue brutal y violentamente desmantelado por las fuerzas de ocupación marroquíes.
En este juicio, se solicitan duras penas, incluidas varias cadenas perpetuas para estos 25 saharauis que llevan ya 6 años en prisión y que fueron juzgados por un tribunal militar marroquí en 2013, tras 3 aplazamientos anteriores.
Este juicio militar fue denunciado por observadores internacionales y organizaciones de defensa de los Derechos Humanos por irregularidades en el proceso y falta de garantías procesales para los acusados, denunciando la ausencia de pruebas incriminatorias y que la obtención de las confesiones se produjo bajo tortura. En resumen, se trató de un procedimiento nulo de pleno derecho y sin garantías.
Tal y como dicta la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Sahara Occidental no forma parte del Reino de Marruecos por lo que este país no tiene ninguna soberanía sobre el territorio, de ahí la ilegalidad de juzgar a ciudadanos saharauis por algo que ocurrió en el Sahara Occidental, en territorio marroquí.
Tras la presión internacional, el Tribunal de Casación marroquí declaró nulo el juicio militar y remitió el procedimiento a la jurisdicción ordinaria que señaló el juicio civil contra los presos políticos saharauis para el pasado 26 de diciembre, fecha que fue conscientemente elegida para evitar la presencia de observadores y juristas internacionales, así como personas del movimiento de solidaridad con el Pueblo Saharaui por tratarse del día siguiente a la fiesta de Navidad.
El Tribunal marroquí sigue negando la libertad provisional para las presos, cuyo único delito ha sido ser saharauis y defender los derechos de su pueblo en su propio territorio, pueblo que lleva más de 40 años luchando por volver a su tierra y por conseguir que se celebre finalmente el referéndum de autodeterminación mediante el que las y los saharauis puedan decidir libremente su futuro.
Marruecos demuestra una vez más que su única razón es la fuerza y adopta una nueva decisión política represiva, utilizando los tribunales como un instrumento más en la acción sistemática de vulneración de los derechos de la población saharaui, intentando atemorizar a la población, que lo único que hace es luchar contra la ilegal ocupación de su País.
Exigimos que con motivo de la próxima renovación a finales de abril de la MINURSO (Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sahara Occidental), ésta asuma competencias en la observación y defensa de los Derechos Humanos en el Sahara Occidental. Actualmente sigue sin tener ninguna competencia en este terreno y asisten de forma impasible a violaciones flagrantes de los más elementales Derechos Humanos. Violaciones que han sido documentadas por numerosas entidades internacionales así como por Organizaciones como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Codesa, ASVDH, Hegoa…y delegaciones del Parlamento Europeo y el Departamento de Estado de EEUU.
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