Han pasado más de diez años de la detención y encarcelamiento ilegal de los 25 activistas saharauis del campamento de protesta pacífica de Gdeim Izik, a las afueras de El Aaiún, Sáhara Occidental. El ejército ocupante marroquí sometió a control y ataque el campamento hasta desmantelarlo violentamente el 8 de noviembre de 2010.

Como consecuencia de aquellas acciones la población saharaui fue víctima de graves violaciones de derechos humanos. Las fuerzas de ocupación marroquí declararon 11 bajas entre sus filas, bajas que a día de hoy no han podido ser probadas, no existe examen médico forense y no constan sus certificados de defunción.

Los activistas saharauis, hoy en prisión por aquellos hechos, fueron sometidos a diferentes procedimientos judiciales, incluso militares, en Marruecos. El último terminó con el dictado de una sentencia en julio de 2017, que les reiteró las altas condenas de cárcel que van desde los 20 años de prisión hasta la cadena perpetua. En la actualidad, 19 de ellos permanecen recluídos en prisiones marroquíes distantes entre 500 y 1.200 kilómetros de El Aaiún, ciudad de donde son la mayoría de ellos y donde viven sus familias.*¹

Hay que recordar que diferentes instancias internacionales se ha denunciado la falta de garantías a las que se han visto sometidas los acusados. Entre otros, el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, que tras evaluar su situación emitió una decisión en la que acusa a Marruecos de haber violado varios artículos de la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura durante el proceso de interrogatorio de los acusados.

Estos procedimientos judiciales son ilegales al carecer de competencia Marruecos por referirse a hechos y situaciones cometidas fuera de su territorio, el juicio es una vulneración flagrante del Derecho Internacional, y del consagrado derecho a la tutela judicial efectiva.

En la vista en el Tribunal Ordinario de Apelación no existió prueba de cargo, las condenas se basaron en un video aéreo en el que ni tan siquiera se reconoce a los hoy condenados, ni siquiera puede verificarse el lugar de la grabación, y en las confesiones obtenidas bajo torturas, torturas que se denunciaron desde el momento que tuvieron acceso a un abogado, por lo que dichas declaraciones habrían de declararse nulas, conforme al Derecho internacional pero incluso conforme al derecho interno marroquí. No se practicaron pruebas dactiloscópicas, ni examen de ADN, ni tan siquiera se informó de dónde se habían encontrado a los procesados, debiendo destacar que uno de ellos fue detenido en El Aaiún el día antes del desmantelamiento del campamento y pese a ello, acusado de hechos ocurridos al día siguiente. Otra suma de razones para la ilegalidad del proceso.

Las autoridades marroquíes, conscientes de la ilegalidad del proceso, pusieron trabas a la presencia de observadores internacionales; deportaron incluso a algunos de los observadores internacionales que se habían desplazado para acudir al juicio, lo que acredita de por si la falta de garantías y oscurantismo del juicio.

Numerosas resoluciones institucionales han deplorado esta condena y como ejemplo la resolución de la XXIV Conferencia de los lntergrupos parlamentarios ”Paz y libertad en el Sáhara Occidental’; representando a los Parlamentos Autonómicos del Estado Español los días 14 y 15 de febrero de 2020, reunida en la sede del Parlamento de Cantabria, en la que acordaron “trasladamos nuestro afecto y solidaridad a los presos de Gdeim Izik que recibieron injustas condenas en un proceso ilegal y sin garantías y exigimos su inmediata liberación y acompañamos a sus familias en su lucha por la justicia y su libertad. ²

Amnistía Internacional en su informe 2017/2018, La situación de los DDHH en el mundo de Amnistía Internacional, incluye este caso que califica de injusto y en el refiere que “el tribunal civil no investigó debidamente las denuncias de que habían sido torturados bajo custodia ni excluyó como prueba información obtenida presuntamente mediante tortura…… Hubo denuncias de tortura y otros malos tratos bajo custodia policial tanto en Marruecos como en el Sáhara Occidental. Las autoridades judiciales no las investigaron debidamente ni exigieron cuentas a los responsables. Las autoridades mantuvieron a varias personas detenidas en régimen de aislamiento durante periodos prolongados, lo que constituía tortura y otros malos tratos”. ³

“En el juicio la mayoría de los acusados declararon ante el tribunal que los habían torturado para hacerlos ‘confesar’ o autoincriminarse o incriminar a terceros. Si el tribunal realmente hubiera querido darles un juicio justo, a estas alturas ya habría realizado una investigación adecuada de las denuncias de tortura o excluido las pruebas cuestionables en las vistas”, declaró Heba Morayef, directora de Investigación de Amnistía Internacional para el Norte de África.

Human Rights Watch en su informe “Marruecos/Sáhara Occidental Eventos de 2017” se refirió a este procedimiento:

“Un nuevo juicio ante un tribunal civil de 24 saharauis acusados de participar en las muertes de policías durante los enfrentamientos de 2010 concluyó con su condena y fueron pronunciados a largas sentencias de prisión, un resultado similar al de su primer juicio ante un tribunal militar. El juicio estuvo contaminado por aparentes violaciones al debido proceso, como la aceptación de testimonios presuntamente obtenidos bajo coacción sin investigar previa y adecuadamente las denuncias de tortura”. ⁴

La actual pandemia por Covid 19 incrementa la angustia de las familias de estos presos, sus vidas corren grave peligro al estar expuestos a situaciones de vulnerabilidad extrema frente al contagio, recordamos que la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió reducir la población carcelaria si es necesario para bajar los factores de riesgo. El Gobierno marroquí adoptó medidas de excarcelación, con acciones de gracia e indulto a más de 5000 presos, de las que no se han visto beneficiados los presos políticos saharauis.

El pasado día 4 de noviembre, el Tribunal de Casación de Rabat, Marruecos, celebró una sesión en relación al recurso de casación del caso, y tiene previsto pronunciar sentencia definitiva sobre el mismo el próximo 25 de noviembre.

Por todo ello,

Las entidades y personas abajo firmantes Manifiestamos y Solicitamos, a:

• Su Majestad el Rey de Marruecos, D. Mohamed VI, la liberación de los presos saharauis del grupo Gdeim Izik que actualmente se encuentran en las cárceles marroquíes, otorgándoles la libertad en el marco de la presente crisis humanitaria.

• Naciones Unidas, en la persona de su Secretario General António Guterres y de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet; Unión Europea, en la persona del alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell; Gobierno de España, como potencia administradora del Sáhara Occidental, que hagan seguimiento de la situación de los presos políticos saharauis y exijan del Reino de Marruecos la inmediata liberación de los presos saharauis y que inicien las oportunas acciones de investigación independiente sobre las acusaciones de tortura y por la detención ilegal de la que han sido víctimas.