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Manifestarse en El Aaiún (Editorial EL PAÍS)
La neutralidad española sobre el Sáhara no implica desentenderse de los derechos humanos

EDITORIAL | 31/08/10

Los diplomáticos marroquíes sostienen que la relación de su país con España depende "en un 90%" del enfoque español sobre el conflicto del Sáhara, que se disputa con el Frente Polisario desde hace 35 años. Es probablemente una exageración, pero ilustra sobre la importancia que las autoridades marroquíes otorgan a la posición española. De ahí la repercusión de cualquier incidente en que se vean implicados ciudadanos españoles, como ha sido el caso de los 11 activistas maltratados por la policía marroquí cuando se manifestaban por la independencia del territorio el pasado sábado en El Aaiún.

Las numerosas asociaciones de apoyo al independentismo saharaui que existen en España y los partidos a la izquierda del PSOE opinan, como Rabat, que la postura del Gobierno español es decisiva. Todos los Gobiernos de la democracia han navegado, con mayor o peor fortuna, entre las exigencias contradictorias del vecino y de buena parte de su opinión pública. El Ejecutivo de Zapatero se inclinó con discreción del lado de Marruecos mostrando su simpatía por su oferta de autonomía para el territorio y evitando condenar sus atropellos.

Pero pese a ese sesgo en su neutralidad, Marruecos considera que la posición española es pro Polisario. Se avecinan tiempos difíciles, porque la negociación entre Rabat y el Polisario está estancada, como pone de relieve la carta de junio del enviado de Ban Ki-moon para el Sáhara; la propuesta marroquí de autonomía pierde fuelle, y probablemente el acuerdo pesquero no se renovará en 2011.

Además, la gran repercusión que tuvo la huelga de hambre de Aminatu Haidar, a finales de 2009, dio alas para las iniciativas con efecto mediático como la del grupo que se manifestó el sábado. Esto plantea problemas diplomáticos, porque Rabat considera tales iniciativas como injerencia exterior. Pero en manera alguna ese argumento justifica la brutalidad policial frente a personas que se manifestaban pacíficamente.

La neutralidad española no solo no es contradictoria con la defensa de los derechos humanos sino que la exige. Así se lo plantearon al Gobierno todos los grupos españoles en una resolución aprobada en 2009 a favor de que el contingente de la ONU en el Sáhara amplíe su competencia para supervisar los derechos humanos.

EL PAÍS.es