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Dictamen Consultivo de 16 Octubre de 1975

En este Dictamen Consultivo que ha solicitado la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre dos cuestiones que afectan al Sáhara Occidental, el Tribunal, Con respecto a la I Cuestión, "¿Era el Sáhara Occidental (Río de Oro y Sakiet El Hamra) en el momento de la colonización por España un territorio que no pertenecía a nadie (terra nullius)?",

- decidido por 13 votos contra 3 cumplir con la petición de un dictamen consultivo;

- fue opinión unánime que el Sáhara Occidental (Río de Oro y Sakiet El Hamra) en el tiempo de la colonización por España no era un territorio no perteneciente a nadie (terra nullius).

Con respecto a la II Cuestión, "¿Cuáles eran los vínculos legales entre este territorio y el Reino de Marruecos y la entidad Mauritana?", el Tribunal

- decidió por 14 votos contra 2 cumplir con la petición de un dictamen consultivo;

- fue la opinión, por 14 votos contra 2, que había vínculos legales entre este territorio y el Reino de Marruecos del tipo indicado en el penúltimo parágrafo del Dictamen Consultivo;

- fue la opinión, por 15 votos contra 1, que había vínculos legales entre este territorio y la entidad Mauritana del tipo indicado en el penúltimo parágrafo del Dictamen Consultivo.

El penúltimo parágrafo del Dictamen Consultivo recogió que:

Los materiales e informaciones presentados al Tribunal mostraron la existencia, en los tiempos de la colonización española, de vínculos legales de lealtad entre el Sultán de Marruecos y algunas de las tribus que vivían en el territorio del Sáhara Occidental. Así mismo muestran la existencia de derechos, incluidos algunos relativos a la tierra, que constituían vínculos legales entre la entidad Mauritana, según se entendió por el Tribunal, y el territorio del Sáhara Occidental. Por otro lado, la conclusión del Tribunal es que los materiales y la información a él presentada no establecen ningún vínculo de soberanía territorial entre el territorio del Sáhara Occidental y el Reino de Marruecos o la entidad Mauritana. Por tanto el Tribunal no ha encontrado vínculos legales de esa naturaleza que pudieran afectar a la aplicación de la resolución de la Asamblea General 1514 (XV) para la descolonización del Sáhara Occidental y, en particular, al principio de autodeterminación mediante la expresión libre y genuina de la voluntad de los pueblos del Territorio.

Para estos procedimientos el Tribunal estuvo compuesto como sigue: Presidente Lachs; Vice-Presidente Ammoun; Jueces Forster, Gros, Bengzon, Petrén, Onyeama, Dillard, Ignacio-Pinto, de Castro, Morozov, Jiménez de Aréchaga, Sir Humphrey Waldock, Nagendra Singh y Ruda; Juez ad hoc Boni.

Los Jueces Gros, Ignacio-Pinto y Nagendra Singh anexaron declaraciones al Dictamen Consultivo; el Vice-Presidente Ammoun y los Jueces Forster, Petrén, Dillard, de Castro y Boni anexaron opiniones separadas, y el Juez Ruda una opinión discrepante.

En estas declaraciones y opiniones los jueces dejaron claras y explicaron sus posiciones.


Curso del Procedimiento (paras. 1-13 del Dictamen Consultivo)

El Tribunal recuerda en primer lugar que la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió someter dos cuestiones al dictamen consultivo del Tribunal mediante la resolución 3292 (XXIX) adoptada el 13 de Diciembre de 1974 y recibida en el Registro el 21 Diciembre. Se produjeron los trámites siguientes del procedimiento, incluyendo el envío de un dossier de documentos por el Secretario-General de las Naciones Unidas (Normas, Art. 65, para. 2) y la presentación de alegaciones escritas o cartas y/o alegaciones orales por 14 Estados, incluyendo Argelia, Mauritania, Marruecos, España y Zaire (Normas, Art. 66).

Mauritania y Marruecos solicitaron ser autorizados para elegir cada uno un juez ad hoc para participar en el proceso. Por un Auto de 22 de Mayo de 1975 (I.C.J. Reports 1975, p. 6), el Tribunal determine que Marruecos estaba legitimado conforme a los Artículos 31 y 68 de las Normas y el Artículo 89 de las Reglas del Tribunal para elegir una persona como juez ad hoc, pero que, en el caso de Mauritania, las condiciones para la aplicación de esos Artículos no se cumplen. Al mismo tiempo el Tribunal estableció que esas conclusiones no prejuzgaban de ninguna manera su visión respecto de las cuestiones planteadas o cualquier otra cuestión que pudiese someterse a su decisión, incluidas aquéllas de su competencia para emitir un dictamen consultivo y lo adecuado para ejercer esa competencia.

Competence of the Tribunal (paras. 14-22 del Dictamen consultivo)

Según el Artículo 65, parágrafo 1, de las Normas, el Tribunal puede emitir un dictamen consultivo sobre cualquier cuestión legal a petición de cualquier organismo autorizado. El Tribunal comprueba que la Asamblea General de las Naciones Unidas está debidamente autorizada por el Artículo 96, parágrafo 1, de la Carta y que las dos cuestiones sometidas lo son en un marco legal y se refieren a problemas de legalidad internacional. Hay en principio cuestiones de carácter legal, aunque también se refieren a cuestiones de hecho, y aunque no se requiere al Tribunal para que se pronuncie sobre derechos y obligaciones existentes. El Tribunal es por tanto competente para atender el requerimiento.

Adecuación para Dar un Dictamen consultivo (paras. 23-74 del Dictamen consultivo)

España planteó objeciones que desde su punto de vista harían que la emisión de una opinión sería incompatible con el carácter judicial del Tribunal. Adujo en primer lugar el hecho de España no había dado su consentimiento para la adjudicación al Tribunal de la cuestión sometida. Sostuvo (a) que el sujeto de las cuestiones era sustancialmente idéntico al de una disputa respecto del Sáhara Occidental que Marruecos, en septiembre de 1974, había propuesto someter conjuntamente ante el Tribunal, una proposición que rechazó: la jurisdicción consultiva, por tanto estaría siendo usada para rodear el principio de que el Tribunal no tiene jurisdicción para solventar una disputa sin el consentimiento de las partes; (b) que el caso incluía una disputa respecto de la atribución de la soberanía territorial sobre el Sáhara Occidental y que el consentimiento de los Estados sería siempre necesario para la adjudicación de esas disputas; (c) que en las circunstancias del caso el Tribunal podría no cumplir los requisitos de una buena administración de justicia con respecto de la determinación de los hechos. El Tribunal considera (a) que la Asamblea General, si bien reconoce que una controversia legal sobre el estatus del Sáhara Occidental fue analizada durante sus discusiones, no tenía el objetivo de solventar ante el Tribunal una disputa o una controversia legal con el fin de su consiguiente resolución pacificadora, sino que produjo un dictamen consultivo que sería de ayuda en el ejercicio de sus funciones respecto de la descolonización del territorio, por tanto la posición de España no podría verse comprometida por las respuestas del Tribunal a las cuestiones sometidas; (b) que esas cuestiones no piden al Tribunal la adjudicación de derechos territoriales existentes; (c) que ha conseguido suficientes información y pruebas.

España sugiere en Segundo lugar que las cuestiones sometidas al Tribunal serían académicas y sin propósitos o efectos prácticos, dado que las Naciones Unidas ya han establecido el método a seguir para la descolonización del Sáhara Occidental, una consulta de la población indígena por medio de un referéndum a realizar por España bajo los auspicios de las Naciones Unidas. El Tribunal examina las resoluciones adoptadas por la Asamblea General sobre el tema, desde la resolución n 1514 (XV) de 14 de Diciembre de 1960, la Declaración sobre la Garantía de la Independencia de los Países y Pueblos Colonizados, hasta la resolución 3292 (XXIX) sobre el Sáhara Occidental, al afrontar la petición del dictamen consultivo. Concluye que el proceso de descolonización afrontado por la Asamblea General respetará el derecho de la población del Sáhara Occidental para su futuro estatus político mediante su voluntad libremente expresada. Este derecho de autodeterminación, que no se ve afectado por la solicitud de un dictamen consultivo y que constituye un presupuesto básico de las cuestiones sometidas al Tribunal, deja a la discreción de la Asamblea General las formas y procedimientos para su realización. El Dictamen consultivo proporcionará por tanto a la Asamblea elementos de carácter legal relevantes para la discusión del problema al que alude la resolución 3292 (XXIX).

Consecuentemente el Tribunal no encuentra razones para rechazar dar respuesta a las dos cuestiones que se le han sometido en el requerimiento de dictamen consultivo.