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10 y 20 de Mayo: Aniversario de una resistencia

Jesús Garay - Vitoria-Gasteiz | 20/05/10

El pueblo saharaui ha resistido activamente contra todos los intentos de ocupación y colonización desde que las potencias europeas empezaron a mostrar su interés por controlar los recursos africanos. Rechazados ingleses y portugueses, los españoles, tras largos años de lucha, consiguieron establecerse en el territorio del Sáhara Occidental a principios del siglo pasado creando las que denominaron posesiones de Saguía el Hamra y Rio de Oro y permaneciendo en el mismo mediante una ocupación de corte militar clásico hasta 1975, fecha en la que, acosados por la resistencia saharaui, decidieron dejar “sus posesiones” – para entonces con el nombre de provincia del Sahara Español-, en manos de Marruecos y Mauritania, vecinos que, en la geopolítica del momento garantizaban no solo para España sino para el conjunto de Occidente, el control de un territorio rico en recursos naturales –pesca, fosfatos, hidrocarburos...- y, sobre todo, de gran valor geoestratégico para el bloque occidental y su brazo armado, la OTAN.

Dos años antes de aquel vergonzoso abandono, perpetrado en contra de las leyes internas e internacionales y contradiciendo todas las declaraciones oficiales realizadas ante los organismos internacionales como la ONU y ante el propio pueblo saharaui, en el sentido de que el gobierno español garantizaría la celebración de un referendum de autodeterminación, un grupo de jóvenes habían conseguido reunir en torno a sí al conjunto de las fuerzas sociales saharauis para fundar el Frente Popular de Liberación de la Saguía el Hamra y el Río de Oro (F. PO.LI.SA.RIO) y, habían decidido emprender una guerra de liberación contra la potencia ocupante (el Estado Español) a la vista de que los intentos de negociación y protesta pacíficos iniciados anteriormente habían acabado en masacres de la población civil (1970) y en el endurecimiento de las condiciones represivas fijadas por Madrid y ejecutadas por el ejército y la legión.

El 20 de Mayo de 1973, la primera acción del Ejército Popular de Liberación Saharaui, significó para el mundo entero -a pesar de los intentos de ocultar la realidad por parte de las autoridades españolas– el estallido de un conflicto al que ya nadie podría dar la espalda. El pueblo saharaui, como decía su líder más significado, Luali Mustafa Sayed, había demostrado que existía como tal y que estaba dispuesto a alcanzar su autogobierno por encima de la voluntad y los intereses de las potencias occidentales. A la ONU no le quedó otro remedio que reconocer al Frente POLISARIO como único representante legítimo del Pueblo Saharaui y, en tanto que movimiento de liberación nacional contra el colonialismo, con derecho a utilizar la violencia armada para conseguir sus fines. La comunidad internacional, por tanto, estaría obligada a prestar ayuda al F. POLISARIO en todos los niveles, incluido el asesoramiento y ayuda militar. Una gran parte de los países africanos, encabezados por Argelia, así como muchos de los no alineados y pequeños estados del Pacífico y Oceanía, así lo asumieron, más o menos desde el inicio, reconociendo los actos del POLISARIO como la proclamación de independencia y/o acogiendo y ayudando en diversos aspectos la lucha del F. POLISARIO.

Pero, ni los organismos internacionales, como la ONU, pegados a los intereses económicos y geopolíticos de los poderosos de la tierra, ni, sobre todo, las potencias occidentales y, en primer lugar, España, han podido perdonar que lo que siempre habían considerado un conglomerado de tribus nómadas sin organización ni capacidad, tuvieran la osadía de enfrentarse ¡incluso con las armas! a sus designios y reclamar lo que en derecho y justicia les correspondía.

Llegará sin duda la hora de pedir cuentas a los estados y a las organizaciones que tienen la responsabilidad de que el sufrimiento del Pueblo Saharaui se haya prolongando a día de hoy durante 37 años. Deberán pagar por los civiles, niños, hombres y mujeres muertos durante la ocupación militar de España y Marruecos, por los muertos y heridos durante el éxodo bajo las bombas de NAPALM y fósforo blanco, o simplemente por la debilidad, el hambre y la enfermedad, por todos y cada una de las personas que han tenido que exiliarse perdiendo hasta la vida, todo excepto la dignidad; deberán pagar por los cientos de personas detenidas, torturadas, desaparecidas o encarceladas por el simple hecho de ser saharauis y empeñarse en afirmarlo. Deberán pagar por cada una de las armas y de las monedas prestadas al gobierno marroquí para hacer callar esa voz que se agiganta a la luz de los derechos humanos. Y entre todos los culpables el lugar más destacado sin duda le corresponde a España: al gobierno actual y a todos los que sucedieron al último gobierno de Franco, pero también a los partidos políticos con responsabilidades de gobierno y a las empresas que vienen haciendo negocio en esta situación de ignominia.

La última resolución del Consejo de Seguridad - S/1920 (2010) - en la que la ONU, en contra de sus propios principios y resoluciones pretende alargar el statu quo de la ocupación, el exilio, la represión y el expolio del Pueblo Saharaui, bajo la vigilancia de la MINURSO (Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sahara Occidental) sin avanzar un ápice en la vigilancia de los Derechos Humanos ni en la realización del referéndum de autodeterminación no es más que un reflejo del sometimiento de las instituciones internacionales a los intereses más oscuros de los estados y las corporaciones más poderosas. El que la propuesta de resolución, que inicialmente no contenía los mínimos suficientes para que países como Austria, Nigeria o México vieran como aceptable en términos del derecho internacional haya sido obra, entre otros, de España, no solo es una vergüenza para la ciudadanía del estado, sino una ofensa para quienes, dentro y fuera del estado compartimos la causa de los derechos de las personas y los pueblos.

Pero, sobre todo, la resolución del Consejo de Seguridad, apunta peligrosamente a la idea de que el pueblo saharaui puede ser sometido bajo el peso del poder militar y económico de los grandes aliados de la dictadura marroquí. La misma arrogancia que en su día provocó el inicio de la lucha armada del Frente POLISARIO, parece haber recuperado posiciones en los salones de los reinos de España y Marruecos y entre sus más fieles aliados. Pero, si la apuesta decidida y sincera del Frente Polisario desde 1990 a favor de la negociación y de la solución pacífica del conflicto se ve truncada, como en 1970 lo fue en el caso de Basiri, el riesgo de que un grupo de jóvenes saharauis retome el camino de las armas no será solo una eventualidad terrible sino, sobre todo, una opción legítima y legal cuya responsabilidad solo corresponde a quienes en este país y en las organizaciones internacionales tienen capacidad para tomar decisiones.