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REPARAR UNA INJUSTICIA HISTÓRICA COMETIENDO OTRA

El Congreso de los Diputados ha aprobado recientemente la Ley que concede la nacionalidad española a las y los sefardíes originarios de España, norma apoyada por todos los grupos parlamentarios, que posibilitará la adquisición de la nacionalidad española por los sefardíes descendientes de los judíos expulsados de España en el siglo XV, sin necesidad de que renuncien a su nacionalidad y sin exigencia de residencia en España.

La ley entrará en vigor el próximo 1 de octubre, dando lugar a que las familias de los sefardíes expulsados de España en 1492 accedan a la ciudadanía española si acreditan su origen y su especial vinculación con España, a través del conocimiento de la lengua y la cultura, excluyendo la necesidad de residencia legal en el Estado Español.

En palabras del Titular de Exteriores, José Manuel García-Margallo, se trata de una decisión histórica "que repara una injusticia de hace 500 años".

Más allá de la voluntad de reparar una injusticia cometida hace 500 años, rezuma una visión colonial, de tintes racistas, que viene ya prefijada en el artículo 22 del Código Civil que establece las condiciones de acceso a la nacionalidad española y fija como suficientes dos años de “residencia legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición cuando se trate de nacionales de origen de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal o sefardíes”.

¿Y el Sáhara Occidental? ¿Una persona filipina, o de Andorra, es más cercana al Estado Español que una mujer saharaui refugiada en Tinduf que fue ciudadana española y mantiene –y transfiere-, además, la lengua española?

Los llamados Acuerdos Tripartitos o Acuerdo de Madrid, firmados el 14 de noviembre de 1975, no transfirieron la soberanía sobre el Territorio ni confirieron a ninguno de los signatarios la condición de Potencia administradora, condición que España, por sí sola, no puede transferir unilateralmente, no quedando afectada, por tanto, la condición internacional del Sáhara Occidental como Territorio no autónomo pendiente de descolonización.

De esta forma, el Estado Español, en su calidad de Potencia administradora de iure, en lugar de llevar a término su responsabilidad como potencia administradora del Sahara Occidental -responsabilidad reconocida como un deber sagrado en la Carta de Naciones Unidas- para poner fin al proceso de descolonización del Pueblo Saharaui, vuelve a cometer una nueva injusticia, 40 años después de abandonar el territorio de forma infame, negando una vez más al Pueblo Saharaui su derecho a la rehabilitación de su memoria histórica.

El Estado Español, al igual que en el caso de las y los sefardíes, debería comprometerse con el derecho del Pueblo Saharaui a obtener una reparación que comprenda todos los daños materiales y morales e incluya, si así lo desearan, su acceso a la nacionalidad española.

Si se tiene la oportunidad de reparar una injusticia ahora, tras 40 años ¿por qué esperar 500?



José Taboada Valdés
Presidente CEAS-Sáhara