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El Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) aprueba en su 37ª Asamblea General una resolución en defensa de los y las activistas saharauis

El pasado 28 de febrero, el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) celebró en Cornellà de Llobregat su 37a Asamblea General Ordinaria.

El Consell es la plataforma de entidades juveniles de Catalunya que tiene como objetivos fomentar la participación y el asociacionismo, ser un espacio de encuentro e intercambio entre los jóvenes asociados catalanes, y hacer de interlocutor con los poderes públicos en temas de juventud.

En dicha asamblea aprobaron una resolución en defensa de los y las activistas saharauis cuyo texto podéis leer más abajo.

Texto íntegro

En virtud del convenio firmado con la organización juvenil saharaui UJSARIO (Unión de la Juventud de Saguia el Hamra y Río de Oro), el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya denuncia la situación que viven las más de 70 personas saharauis que actualmente se ven privadas de libertad por motivos políticos.

El 1975, fruto de los Acuerdos Tripartitos secretos firmados entre el Estado español, Mauritania y Marruecos, y la posterior retirada de la potencia administradora del territorio, se produjo la ocupación ilegal del territorio del Sáhara Occidental. Pese al dictamen de la Corte de Justicia Internacional de La Haya y la posterior retirada de Mauritania en 1979, el Reino de Marruecos continuó ocupando territorio saharaui, y construyó un muro de la vergüenza de más de 2700 quilómetros.

Es por estas razones que en los últimos cuarenta años la población saharaui ha hecho uso de su libertad de expresión para denunciar la ilegalidad de los acuerdos, la posterior ocupación y la imposibilidad de celebrar un referéndum para la autodeterminación en condiciones apropiadas para ser reconocido como tal por la comunidad internacional.

Una de las protestas pacíficas más multitudinarias celebradas en el Sáhara Occidental fue el campamento de Gdeim Izik, que empezó el 10 de octubre de 2010. El campamento supuso una experiencia autogestionaria sin precedentes, que permitió a la juventud saharaui reivindicar colectiva y pacíficamente sus derechos fundamentales, como son el derecho a una vivienda o a un trabajo dignos, o el derecho a la autodeterminación del Sáhara Occidental. Desafortunadamente, ésta fue una experiencia que terminó siendo desmantelada de manera violenta por el ejército marroquí el 8 de noviembre de 2010.

En el transcurso de estos cuarenta años, y siguiendo manifestaciones y actos pacíficos como el de Gdeim Izik, se han llevado a cabo centenares de detenciones motivadas por razones políticas, casos de tortura y eventuales juicios celebrados en condiciones irregulares y sin las mínimas garantías procesales, tal y como numerosas misiones de observación internacional han corroborado. Del mismo modo, a estos hechos les han seguido condenas de prisión desproporcionadas, de entre 20 años de prisión y cadena perpetua, siendo las personas condenadas sometidas a vejaciones y condiciones de vida insalubres. Hoy en día todavía cumplen condena en los Territorios Ocupados más de 70 personas saharauis, 22 de las cuales participaron en el campamento de Gdeim Izik.

Uno de los casos más flagrantes es el de Hassanna Aalia, joven activista saharaui de 26 años que fue juzgado por rebelión por el Tribunal Militar de Rabat en febrero de 2013, y condenado a cadena perpetua por su participación en el campamento. Ante estos hechos, el Ministerio del Interior español le ha denegado el asilo político. Éste no es un caso aislado: durante el período 2010-13, 214 personas de origen saharaui solicitaron protección internacional a España, siendo sólo 9 las que recibieron una respuesta positiva (UNHCR Population Statistics, 2015).

Sin embargo, el caso de Hassanna es paradigmático, ya que pone de relieve, por un lado, el éxodo y desprotección de los y las jóvenes saharauis ante la administración española; y por el otro, los límites de una política de asilo que debería ser garante de los Derechos Humanos y que de facto ha cedido ante las evidentes presiones políticas del Reino de Marruecos.

Varias organizaciones de solidaridad con el Pueblo Saharaui, como lo es CEAS-Sáhara, han manifestado su repulsa ante la decisión del Ministerio del Interior. Del mismo modo, se ha denunciado el silencio cómplice del gobierno español ante la situación del resto de presos saharauis en territorios ocupados, dónde recordamos que no existen los mecanismos necesarios para vigilar y garantizar el respeto de los Derechos Humanos.

Es por todas estas razones, que el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya:

- EXIGE que se implementen las medidas posibles para que Hassanna Aalia, y otras personas jóvenes saharauis perseguidas por motivaciones políticas en los Territorios Ocupados, obtengan el derecho de asilo en España.

- PIDE a la Comunidad Internacional que presione a Marruecos para que libere a todos los y las presas políticas saharauis que actualmente se encuentran bajo pena de prisión por haber ejercido pacíficamente su derecho a manifestarse para la autodeterminación del Pueblo Saharaui.

- EXIGE al Parlament de Catalunya y a la Generalitat de Catalunya que pidan al Gobierno español, miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO) se dote de la competencia y mecanismos para hacer efectivos los Derechos Humanos en los territorios ocupados.

Desde el movimiento asociativo juvenil nos comprometemos a seguir trabajando por el derecho a la autodeterminación del Pueblo Saharaui, y continuar haciendo visible la causa saharaui en nuestros espacios de trabajo nacionales e internacionales.