Portada del sitioPrensa y RecursosAgenda
Descargar en formato PDF
UNA NUEVA BURLA AL DERECHO Y A LA DIGNIDAD DEL PUEBLO SAHARAUI POR PARTE DE LA UNIÓN EUROPEA

La Unión Europea y el reino de Marruecos han firmado el pasado 24 de julio un nuevo acuerdo de pesca, con vigencia por un período de cuatro años, que burla, una vez más, la legalidad internacional y deja de reconocer los legítimos derechos de la población saharaui a beneficiarse del uso, y abuso, que se hace de sus recursos en nombre del estado marroquí. Y el hecho de que este acuerdo, para su ratificación, tenga que someterse a la aprobación parlamentaria no hace sino magnificar la irresponsabilidad de la Unión y evidenciar su incapacidad para mantener una coherencia entre los principios que dice mantener y sus estrategias políticas. Algo que la aleja inexorablemente de todo liderazgo, cuando menos ético y de responsabilidad, que podía esperarse y desearse a partir de su constitución y sucesivas ampliaciones. Y es que la Unión parece más un acuerdo empresarial para el reparto de cargas y beneficios que una confluencia entre estados y pueblos.

Porque el hecho de no aludir al Sáhara Occidental en todo el protocolo puede inducir a la falsa creencia de que sus aguas no se encuentren incluidas (que sí lo están, de forma disfrazada y subrepticiamente culposa) dentro de las zonas de pesca autorizadas. Ya que el acuerdo establece que la pesca de carácter artesanal, con menor volumen de capturas y mayor número de embarcaciones, se realice en las costas de Marruecos, hasta el paralelo 30º 40’ N, a la altura de Agadir; mientras que la pesca más industrializada, reservada a un menor número de barcos a los que se les reserva un mayor número de capturas, se les adjudica la zona situada al sur del paralelo 29º N, que coincide casi con la desembocadura del Uad Draa, de forma ilimitada y que, a buen seguro, no deja de incluir en las mentes y en la voluntad maliciosa de sus redactores las aguas del Sáhara Occidental situadas a partir del 27º 40’ N ya que, de otro modo, la franja reservada para la actividad pesquera sería prácticamente irrelevante.

Una elisión intencionada y un silencio interesado que no hacen sino que proporcionar un reconocimiento tácito y práctico pero no legitimado de la ocupación marroquí de un territorio al que la ONU considera no autónomo y pendiente de descolonización. Y que, con ello, refuerzan la actuación política del estado ocupante y lo alientan a seguir en su política de intransigencia y de represión en relación con los derechos de la población saharaui, a la que se pareciese empujar hacia la desesperación y la búsqueda de soluciones extremas o insensatas de imprevisibles y catastróficas consecuencias. Tal vez sea conveniente, que los miembros del Parlamento Europeo, reflexionen acerca de la responsabilidad que adquieren en este sentido ya que no ratifican y sancionan un mero acuerdo de pesca; más allá de la letra realizan una acción política a nivel internacional que afecta a un territorio o zona en conflicto y sobre la que pareciese que Europa hubiese adoptado ya, unilateralmente, sus propias decisiones. Una manera harto discutible de ayudar a las Naciones Unidas en la búsqueda de soluciones efectivas a este contencioso.

Una burla que se hace más dramática y risible en la medida en que el protocolo firmado asume que se suscribe en conformidad “con el artículo 2 del mismo acuerdo (se refiere al de asociación) relativo al respeto de los principios democráticos y de los derechos fundamentales del hombre”. Y no seremos nosotros los que evaluemos la posible inclusión de Marruecos entre los estados democráticos, algo que cuestionan la inmensa mayoría de los especialistas en derecho político y los propios organismos internacionales; cosa que nos parece burda y poco rigurosa. Pero si rechazamos con la mayor contundencia posible su respeto por los derechos fundamentales del hombre ya que su práctica política resulta degradante y humillante para una buena parte de la población marroquí, constituidos en súbditos sin otro derecho por encima de el de acatar la voluntad de su soberano y guía espiritual; y atropella e ignora los derechos más elementales de la población saharaui, convertida en una minoría despreciada dentro de su propia tierra, y a la que se le niega toda posibilidad de vivir libremente y poder pronunciarse y decidir sobre sus propios asuntos. Y a la que se le niegan y restringen las posibilidades de contacto y acceso a visitantes y medios de comunicación extranjeros y no controlados por las autoridades marroquíes que los expulsan o dificultan su libertad de circulación y relación y que, en muchos casos, son ciudadanos y ciudadanas de la Unión Europea que los desconoce y no defiende sus derechos. Algo que recogen informes procedentes no solo de un elevado número de testimonios y experiencias personales sino la labor de acreditados organismos internacionales, de las propias Naciones Unidas y de la Unión Europea y aún de organismos de defensores de los derechos humanos del mismo reino de Marruecos o del Sáhara Occidental (cuya legalización sigue a la espera del plácet de las autoridades marroquíes). ¿Tal vez a nuestros estadistas les parece menos veraz la contundencia de todas estas experiencias y observaciones que la actitud política vengativa e interesada de Francia? Ni menos veraz ni menos efectiva en sus posibles beneficios colectivos.

El acuerdo incluye el pago de 40 millones de euros. De los que 16 constituyen la compensación financiera al convenio y otros 14 suponen la contribución a la potenciación del sector pesquero marroquí, constituyendo en conjunto la aportación pública. Mientras que otros 10 se satisfarán, por los armadores, en concepto de pago por las licencias. Una deuda que afrontará, en buena parte, la pesca española para poder faenar de nuevo en esas aguas y dar una cierta salida a un sector social en continua crisis como consecuencia de la actividad desmedida de las grandes empresas pesqueras que esquilman y agotan los caladeros practicando auténticos monopolios de capturas que arruinan y asfixian a la actividad más artesanal y ecológica. Y esa realidad derivada de un estado de necesidad pone sobre el tapete una cuestión esencial: ¿se puede reclamar ese estado de necesidad para despreciar los legítimos derechos de la población saharaui? ¿Qué se hace más necesario, cubrir las necesidades y aún saciar el hambre de nuestros pescadores o conceder el derecho a una vida libre y digna a todo un pueblo dueño de los caladeros en los que se pesca? Parece que nuestro Ministro de Alimentación señor Arias Cañete lo tuviera claro al pedirle a todos los europarlamentarios españoles, cualquiera que sea su adscripción política, que voten a favor del acuerdo en función de prioritarios intereses de Estado. Pero la solución no está en favorecer al próximo sin acordarse del ajeno sino en ejercer la justicia y actuar con verdadera equidad. Que sepan bien los pescadores españoles que ese acuerdo que les favorece (aunque también, y en mayor medida, a las grandes empresas del sector) se adopta sin ninguna compensación económica para los hombres y mujeres del Sáhara Occidental; ni de los que habitan en el territorio sometidos a la voluntad de las autoridades marroquíes que no a ninguna legalidad efectiva, ni de los que malviven en medio del desierto con la esperanza de reencontrarse con su tierra sin renunciar a su dignidad, amasada por la sangre de cuantos y cuantas murieron y mueren por defenderla.

Conociendo el estado de necesidad de los saharauis, entendemos bien la situación crítica de los pescadores, pero nos negamos a que la satisfacción de la una dependa de la degradación de la otra como quieren imponernos. Y es bueno recordar aquí que la Resolución 1803 (XVII) de la Asamblea General de la ONU establece el principio de “soberanía permanente sobre los recursos naturales” que implica el derecho inalienable de los pueblos a hacer uso de los recursos materiales de sus territorios y a disponer de ellos en beneficio del desarrollo y del bienestar común. Algo que Marruecos niega, con la complicidad de la UE, a los y las saharauis. Ni se ha pretendido tan siquiera consultar a los saharauis, o a sus legítimos representantes políticos, en relación con este acuerdo ni se ha establecido ninguna fórmula de compensación o beneficio. Ni en el plano económico ni en el político. Y ello es así porque la voluntad de los negociadores de ambas partes es la de incumplir las recomendaciones que la propia UE estableció, mediante acuerdo parlamentario, en diciembre de 2011, en el que se decidía la no renovación del acuerdo anterior por lo que suponía de vulneración del derecho internacional, por la especial condición del Sáhara Occidental como territorio no autónomo y por la continuada vulneración de los derechos humanos por parte del estado marroquí. Tres precondiciones negativas que siguen estando vigentes dos años después.

El Sáhara Occidental no ha perdido su condición de territorio no autónomo pendiente de descolonización por mucho que Marruecos haya intentado disfrazar su ocupación con una unificación imaginaria pero sin ningún contenido histórico que lo reintegraba a un estado del que nunca formó parte. Ni ha variado la concepción del derecho internacional hasta el punto de otorgarle a Marruecos una legitimidad de la que carece. Ni mucho menos han mejorado las condiciones de respeto a los derechos en el Sáhara ocupado, con cincuenta y siete prisioneros políticos en las cárceles marroquíes, de los cuales veintiuno integran el grupo de los prisioneros de Gdeim Izik condenados a penas de cadena perpetua (8), de 30 años de cárcel (4), de 25 años de reclusión (7) y de 20 años (3) en un juicio sin las mínimas exigencias procesales como ha sido repetidamente señalado por diferentes colectivos de juristas y organizaciones como Amnistía Internacional. Una arbitrariedad jurídica no sometida a ninguna prueba que no fuesen las “confesiones” obtenidas mediante torturas. Nada ha cambiado ni tan siquiera en la legislación marroquí, incluido el revoque constitucional, como para hacer pensar que el régimen de la arbitrariedad haya pasado a someterse al dictado de la ley.

Ni eso ha sucedido ni se espera ocurra en un futuro próximo. El acuerdo, tal y como esta formulado, es doloso e induce a engaño en la ciudadanía con su redacción inconcreta, pasa por alto los acuerdos de la ONU y la doctrina emanada del derecho internacional y contribuye a incrementar la tensión y el desequilibrio en la región. ¿Debemos felicitarnos por ello?

De ahí que, como ciudadanos de Europa, hagamos un llamamiento a los parlamentarios de los diferentes países, nuestros representantes, y al conjunto de los ciudadanos que hoy conformamos esa Europa tan soñada como intangible para que asuman ese papel y defiendan la equidad, la justicia y la protección del débil y desprotegido enmendando la labor de un ejecutivo europeo que, como en otras muchas ocasiones, no ha sabido estar a la altura de su sociedad y situarse en defensa de los intereses de todos que, en bien pocas ocasiones, coinciden con los del gran capital cuyos beneficios se busca preservar. Solo así nuestra unión monetaria podrá llegar a ser en verdad una Europa de los pueblos.

CEAS-SAHARA Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara

FEDISSAH Federación Estatal de Asociaciones Solidarias con el Pueblo Saharaui

 
Documentos adjuntos a este artículo :