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CEAS-Sáhara recuerda al Parlamento Europeo la ilegalidad de los acuerdos pesqueros UE-Marruecos

MADRID. 18/11/2011

La Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara, en una carta dirigida a Eurodiputados de todas las nacionalidades, ha mostrado su preocupación por la vigencia del llamado Acuerdo de Colaboración en el Sector Pesquero entre la Comunidad Europea y el Reino de Marruecos. Según CEAS-Sáhara, que ha iniciado esta campaña de presión secundada por todo el movimiento asociativo, la inclusión de aguas pertenecientes al territorio del Sáhara Occidental no está reconocida por la legalidad internacional.

Basan sus reivindicaciones en una Resolución del Consejo de Seguridad de la ONU de 1999 sobre recursos naturales en territorios no autónomos, y un dictamen legal elaborado para el mismo organismo, que en 2002 estableció que la actividad sobre los recursos naturales del Sáhara Occidental es ilegal en tanto en cuanto se realiza “haciendo caso omiso a los intereses y deseos del pueblo del Sáhara Occidental”. El propio autor del dictamen, Hans Corell, mostró tiempo después su malestar por la escasa atención prestada por la UE, afirmando que “es evidente que un acuerdo en el cual no se hace distinción entre las aguas limítrofes que separan el Sáhara Occidental y las de Marruecos viola el Derecho Internacional”, agregando “como europeo, me siento avergonzado”.

Los países de la UE decidieron prorrogar el actual acuerdo pesquero con Marruecos hasta febrero de 2012, aunque esta prórroga todavía necesita el consentimiento de la Eurocámara, que por el momento bloquea la decisión. Aún así, los barcos europeos pueden seguir faenando en las aguas que gestiona Marruecos gracias a un pacto provisional entre Bruselas y Rabat. El régimen actual concede 119 licencias a la flota comunitaria -de las que un centenar son para España, sobre todo para barcos andaluces y canarios- a cambio de una compensación de 36,1 millones de euros anuales.

Recientemente, una iniciativa del eurodiputado catalán Raül Romeva forzó una votación para trasladar el tema al Tribunal de Justicia de Luxemburgo (TUE) que finalmente fue rechazada. Además, dos comisiones del Parlamento Europeo, la de Desarrollo y la de Presupuestos, han mostrado en el último mes su postura contraria a la renovación de los acuerdos, poniendo también en entredicho su rentabilidad económica.

El expolio de recursos naturales constituye uno de los frentes de batalla del movimiento solidario español con el pueblo saharaui y la existencia de este tipo de acuerdos viene siendo denunciada desde hace años por organizaciones internacionales como Western Sahara Resource Watch (WSRW). Con esta campaña CEAS-Sáhara pretende presionar a los Eurodiputados de cara a futuras votaciones para “actuar con justicia, dejando de lado intereses nacionales o partidistas”.