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Sobre el anuncio del Rey de Marruecos relativo al proyecto de reforma constitucional

Ante el anuncio del rey de Marruecos, Mohamed VI, de someter a referéndum su proyecto de reforma constitucional, la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara (CEAS-Sáhara) desea llamar la atención de la opinión pública nacional e internacional para que no se llame a engaño sobre su alcance y significado.

Las intenciones democratizadoras que el Rey de Marruecos quiere otorgar a su Proyecto de reforma constitucional, en cuyo articulado deja de ser "sagrado" para pasar a ser "inviolable", quedan radicalmente desmentidas tanto por la continua ocupación ilegal del territorio del Sáhara Occidental y la opresión que se ejerce contra el Pueblo Saharaui como por la inclusión ilegítima de dicho territorio en el futuro texto constitucional. Tales presuntas intenciones suponen además una violación flagrante de los principios que rigen los Territorios Ocupados, que prohíben a las autoridades de ocupación emprender medidas para cambiar su configuración, capaces de influenciar en el futuro político de estos territorios. La constante violación de los derechos humanos por parte de Marruecos, ratificada por los diferentes organismo internacionales, sigue agravándose, alcanzando nuevas cotas de crueldad y desprecio a la vida humana, como lo demuestra la indiferencia que siguen mostrando las autoridades marroquíes ante el caso de los seis jóvenes saharauis que se encuentran al borde de la muerte tras más de 60 días de huelga de hambre.

El territorio del Sáhara Occidental posee, en virtud de la Carta de las Naciones Unidas, una condición jurídica distinta y separada de la potencia que lo ocupa, no pudiendo considerarse en ningún caso parte integrante del territorio marroquí. La Comunidad internacional, a través de las resoluciones de la ONU y de la Unión Africana, sigue considerando que el Sáhara Occidental es un territorio objeto de un proceso de descolonización inconcluso y que, por consiguiente, la presencia marroquí en el mismo contraviene la legalidad internacional. Desde esta consideración irrefutable, la intención proclamada de incluir el Sáhara Occidental en el diseño de la llamada "regionalización" carece de efectos legales válidos sobre el estatuto jurídico final del territorio, el cual ha de ser establecido de manera libre y soberana por el Pueblo Saharaui, a través de un referéndum de autodeterminación.

Un país que viola los derechos humanos y la legalidad internacional, carece de credibilidad y nunca será un país democrático por muchas reformas que haga en su Constitución.

Madrid, 19 de junio de 2011


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